“Suspender no es un castigo sino una oportunidad para mejorar”

18 de noviembre de 2021-. La aprobación del Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación diseñado por el gobierno impone un cambio crucial para nuestro sistema educativo. A pesar del rechazo de una buena parte del sector, las nuevas instrucciones empezarán a aplicarse ya en este curso 2021-2022 con adversas consecuencias para los alumnos.

Este Colegio Oficial de Docentes valora negativamente la nueva normativa, por considerar que rompe con los principios de la excelencia y el esfuerzo que han de regir nuestro sistema educativo. En concreto, consideramos especialmente perjudiciales algunos de sus apartados:

• Es un error que los alumnos promocionen de curso con asignaturas pendientes o que obtengan la titulación en Bachillerato con una materia suspensa. Volvemos a un modelo de promoción “automática”, que ya ha demostrado su ineficacia con la LOGSE y que no ha ayudado a mejorar las cifras de fracaso escolar ni del abandono temprano.
• Es un error la eliminación de las recuperaciones de septiembre o junio en la ESO. ¿Negaría una ley a un profesional sanitario las medidas de recuperación de un paciente tras una operación, un accidente o una enfermedad? Los alumnos necesitan tener la oportunidad de superar sus carencias de aprendizaje. Para los profesores, suspender a un alumno no es un castigo, sino la oportunidad para que pueda aprender de los errores, superar sus carencias, recuperar las materias o áreas no aprobadas y afrontar el nuevo curso con éxito.
• Es un error delegar exclusivamente en el profesorado, sin un apoyo normativo adecuado, la responsabilidad de aprobar o suspender a un alumno. La ministra Pilar Alegría ha asegurado que la normativa mantiene como principio la confianza en los profesores y en el claustro “que serán los encargados de decidir si el alumno ha de promocionar o no de curso”. Desde este Colegio Oficial de Docentes apoyamos esta defensa de las competencias profesionales de los docentes, pero consideramos que es una mala interpretación de la realidad de las aulas. Las Juntas de Evaluación siempre han desempeñado esta función, pero lo han hecho al amparo de una normativa en la que apoyarse. La autoridad docente se sustenta también en las leyes que regulan nuestro sistema educativo. No confundamos autonomía docente y libertad de cátedra con la falta de regulación, siempre necesaria para ejercer la docencia, que sirve de referente para toda la comunidad educativa, incluidas las familias.

En definitiva, creemos que la escuela debe educar para la vida; es decir, formar a las jóvenes generaciones para que puedan enfrentarse a un mundo competitivo, exigente y a veces cruel. El que los alumnos puedan promocionar de curso e incluso titularse en Bachillerato con una asignatura pendiente no beneficiará en absoluto su futuro. La escuela deber ser un lugar amable, donde aprender y disfrutar aprendiendo, pero no puede ser una burbuja ajena a la realidad social.

Y, por último, consideramos que este Real Decreto podría intentar maquillar las cifras de fracaso escolar que, evaluación tras evaluación de organismos internacionales, dejan a España por debajo de los baremos deseados. Pero no será un instrumento que beneficie ni a nuestros alumnos, ni a sus familias, ni a la sociedad en su conjunto; aunque creemos que su desarrollo pondrá a los profesores, una vez más, en la cuerda floja y sin herramientas para desarrollar su trabajo con éxito y seguridad.

De nuevo, nos encontramos con medidas tomadas en los despachos que no cuentan con los docentes y con la realidad de las aulas. Tenemos mucho que mejorar.

Departamento de Comunicación
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