Desde hace poco vemos que en medios de comunicación y redes sociales se repiten diversos temas directa o indirectamente, total o parcialmente relacionados con el sistema educativo: unos resultados dignos de ser reflexionados en el informe PISA; las más que preocupantes, alarmantes, cifras de casos vinculados con la salud mental en adolescentes, que no dejan de relacionarse, equivocadamente, con la convivencia y el bienestar en los centros; las consecuencias del abuso de los móviles y las pantallas; el incremento de casos de relaciones y agresiones sexuales no consentidas entre menores de cada vez menos edad y en grupo, etc.

Decididamente, conforme avanza el curso 2023-24 docentes y directivos de centros educativos acumulan más razones para reivindicar que hacía tiempo que advertían de estos problemas. Desde hace ya tiempo, para algunas cuestiones desde antes de la pandemia (los incidentes de convivencia ligados a redes sociales y a los móviles) y para otras fundamentalmente desde la pandemia (deterioro de la salud mental y del bienestar), los directivos y profesionales de la educación venían alzando la voz por lo que veían en las aulas y sus consecuencias a corto plazo; venían advirtiendo de grandes riesgos y de los pocos recursos normativos y respaldo institucional de que disponen para atajarlos.

Los efectos de la llegada a los centros de los teléfonos inteligentes o smartphones se dejaron ver enseguida, pero la pandemia nos desorientó: multiplicación de conflictos de convivencia relacionados con la redes sociales que excedían las fronteras espacio-temporales de los centros y, realmente, sus ámbitos de competencia; reducción de las horas de sueño y descanso o mala calidad de este descanso en los adolescentes, por uso y abuso de los smartphones en la madrugada; acceso sin control a contenidos no aptos para menores de violencia, pornografía, vejaciones, radicalismos y mensajes de odio; comunidades virtuales que promueven el odio o los comportamientos contrarios a la salud entre los más jóvenes o las adicciones al juego online. Desde los centros alertaban y lo advertían a las familias en las reuniones iniciales o en las tutorías, a través de las acciones de sensibilización, y también a la administración pidiendo medios y normativa realista y desarrollada desde y para la educación, no para los tribunales de justicia.

El fenómeno se desbordó cual tsunami a raíz de la pandemia y el confinamiento que nos llevaron a todos a relacionarnos y a trabajar a través de las pantallas. Lo que inicialmente ayudó, ha acabado provocando un efecto rebote descontrolado. Ese tsunami ha roto las fronteras de la adolescencia y la Secundaria y ha inundado la Primaria y la niñez. Ya nos lo dicen a gritos los maestros y maestras y los directivos de colegios. Como es habitual en España, las modas nos embriagan, y en educación también. Se ha confundido la actualización metodológica, la modernización de los recursos y la digitalización con el protagonismo estelar de las pantallas, invasivo y debilitador de la función del educador. Alarma el consumo de pornografía y violencia, entre otros contenidos, sin límites de acceso y grandes dificultades para su control, lo que está detrás del aumento de casos de abusos y violaciones entre menores, entre otras muchas consecuencias para su salud mental. ¿Qué juguete ha venido a absorber la atención y el tiempo de nuestros niños y adolescentes, en los dos últimos lustros, en las casas y restaurantes, aulas y patios, tiempos de ocio y madrugadas? ¿Los smartphones quizá? Se han agudizado y cambiado las formas de inicio en trastornos alimenticios, de depresiones, conductas autolesivas y autolíticas en niños y adolescentes. Planteamos nuevas preguntas: ¿qué ha llegado nuevo y de forma invasiva a sus manos?, ¿los smartphones quizá?, ¿qué generación se ha criado en casa y educado en colegios con una exposición excesiva a las pantallas, aunque sea con aplicaciones y contenidos clasificados como educativos?, ¿las que han cumplido o están cumpliendo 10 o 12 años?

Cada vez son capaces de mantener menos tiempo la atención, tienen más dificultad para concentrarse, son más impacientes y demandantes de actividades rápidas, cambiantes y estimulantes. Cada vez escriben con peor letra y con peor ortografía y su comprensión lectora se reduce. El exceso de protagonismo de la digitalización en las aulas con tabletas y smartphones, frente a los papeles, lápices y bolígrafos, ¿puede tener algo que ver con todo esto?; ¿verdaderamente se sigue trabajando la psicomotricidad?

La solución a muchos de estos problemas no está solo en la escuela, pues estos problemas también afectan de otras formas a los adultos; pero tal vez pudiéramos considerar conveniente convertir las aulas y los centros educativos en espacios seguros, libres de smartphones y del protagonismo desproporcionado de las tabletas, con el fin de ganar tiempos para la lectura y la escritura, el manejo de libros y la socialización directa y personal entre iguales, el juego, el deporte y la imaginación. Tal vez quitaríamos legitimación a las excusas para su uso en casa horas y horas porque “tengo que hacer deberes o estudiar”. Eliminada esa legitimación para el uso de smartphones por ser herramientas imprescindibles de la escuela, ayudaríamos a las familias a controlar su uso en las casas.

¿Es este un mensaje antitecnológico y retrogrado? No. Defendemos la innovación, la digitalización y la tecnología, pero de forma medida, equilibrada con las fases psicoevolutivas y de evolución neurológica del alumnado. Y en estos momentos, se diga lo que se diga, no hay equilibrio. Nos lo dicen los informes, los estudios, las asociaciones de familias y los profesionales de la educación. Necesitamos normativa educativa clara, sencilla, valiente y sin matices, basada en el interés superior del menor, y que no genere enfrentamientos en las comunidades educativas. El Decreto 32/2019 regulador de la convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid ha quedado obsoleto para abordar estas realidades, y ha llegado a provocar la inoperancia por estar pensado para el ámbito jurídico-penal y no para el educativo, desdibujando así el papel y el prestigio de centros, directivos y docentes en la gestión de la convivencia.

La prohibición de los smartphones en los centros educativos de la que se viene hablando sería un buen primer paso para abordar muchos de estos problemas. Solo un primer paso para recuperar el equilibrio en las aulas; para que regresen los libros, los lápices y las lecturas y redacciones; para que las tabletas y los ordenadores vuelvan a ser un recurso y no el recurso, como lo es ahora en muchos centros y aulas en los que se ha abierto la puerta a los intereses de las tecnológicas y de las productoras de contenidos. En otros países europeos no temen poner puertas al campo y lo hacen rápido y sin miedos. Entre tanto, los centros educativos se ven desbordados e impotentes, al no poder resolver estas situaciones.

Los centros y recursos de salud mental públicos están sobrepasados y sin plazas para internar los casos más extremos, mientras el seguro escolar no cubre esa atención o ese internamiento en centros privados, porque solo actúa desde 3.º de ESO, en tanto que se disparan los casos en los niveles inferiores, incluso en Primaria, dejando a las familias más vulnerables desprotegidas. La prohibición de los smartphones en las escuelas no resolverá todo, pues hacen falta más recursos, un redimensionamiento de los existentes y reformas; pero mandará un mensaje a la sociedad sobre el factor novedoso que ha cambiado o multiplicado situaciones dramáticas, y que afectan a niños y a adolescentes. También ayudaría a situar el foco en la fuente de muchos de estos problemas, evitando con ello la injusta responsabilización que se asigna a los centros. Y, de paso, tal vez también mejorarían los resultados de PISA, aunque esto requiera de más espacio para reflexionar con la seriedad debida.