Este año escolar 2022-23, que a priori prometía ser más tranquilo por ser el primero sin medidas anti-COVID-19, después de dos cursos harto complejos, ha vuelto a arrancar con malestares, ruido mediático y estrés docente.

La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional fue aprobada de forma definitiva el miércoles, 23 de marzo, al superar su último trámite parlamentario en el Senado, ya que no ha introducido ninguna modificación al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

En los últimos días del mes de enero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional hizo público un “Documento para el debate”, titulado “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente”.

En estas últimas semanas de junio, todos los que trabajamos en los colegios e institutos estamos centrados en las tareas de cierre de un curso complicado, que ha supuesto un verdadero reto. Un curso en el que el profesorado y los equipos directivos han demostrado responsabilidad, entrega, vocación y profesionalidad, haciendo posible una realidad que a finales de agosto y septiembre de 2020 nadie creía posible: que los centros educativos hayan sido un lugar seguro frente al virus.

Hace apenas unas semanas entraba en vigor una nueva ley educativa: la LOMLOE, siglas que significan “Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Educativa”, aprobada en Congreso y Senado en pleno Estado de alarma, en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestra historia democrática –por la COVID–19–, y sin que sobre dicha ley haya recaído un consenso político y social que garantice su futura estabilidad.